Postura del sector turismo frente a propuesta estatuto para el desarrollo de Magallanes y Antártica

Punta Arenas. 27 febrero 20216. La línea de acción que se refiere a "Dar un tratamiento especial al sector turismo, dadas las potencialidades de las bellezas naturales de la Región, y en especial, de Última Esperanza", así como la propuesta que hace relación a “Crear un régimen de zona franca para el turismo en la Provincia de Última Esperanza, que otorgue exención de IVA a los servicios y bienes cuyo pago se efectúe con tarjeta bancaria (Crédito o Débito) de emisión extranjera”, no están en concordancia con los lineamientos y objetivos planteados en la "Estrategia Regional de Desarrollo 2020" ni con los objetivos específicos del "Programa de Promoción de la Patagonia 2016-2018".

Ambos plantean dentro de sus objetivos primordiales la diversificación, entendiendo por ello el desarrollo y promoción de nuevos destinos turísticos que fortalezcan la oferta regional, tales como: Puerto Williams, Cordillera Darwin, Antártica, Estrecho de Magallanes, Tierra del Fuego, entre otros. Es decir, en ambos se plantea la necesidad de desconcentrar tanto la oferta como la demanda que presenta actualmente la Provincia de Última Esperanza.

Nuestra postura no es ir en perjuicio de la Provincia de Última Esperanza, si no que por el contrario aprovechar la mayor demanda que presenta dicho destino en comparación a otros de la región y utilizar los esfuerzos en promoción en incentivar a los potenciales turistas a permanecer más tiempo en la región.

En este sentido la línea de acción debiese ir más por el camino de crear incentivos que permitan el desarrollo de otras áreas con inmensos potenciales turísticos y que a la fecha por faltas de políticas de incentivos no se han podido desarrollar adecuadamente.

Si bien la aplicación de un exención del IVA a bienes y servicios para los visitantes extranjeros, similar como ocurre en la mayoría de los países desarrollados turísticamente, ha sido un aspiración planteada en más de una oportunidad, ello se ha considerado como una necesidad para toda la Región y no solo para una parte de ella, lo cual iría en plena concordancia con la visión y objetivos de SERNATUR y otros entes, en cuanto a lograr el desarrollo de nuevos e importantes destinos dentro de la Región, con el objetivo de aumentar la permanencia y de esta forma fomentar el desarrollo de nuevos emprendimientos y nuevas fuentes de trabajo.

En lo que se refiere a "Crear un derecho al acceso de turistas extranjeros al territorio de la Región de Magallanes y Antártica Chilena" presenta un claro desincentivo al potencial turista, lo que podría generar un desmedro en la cantidad de visitantes que recibe esta región.

Este impuesto o tasa turística que se pretende implementar, va en la dirección contraria a los objetivos que se plantean en el "Plan de Promoción" aprobado por el Consejo Regional en octubre de 2015, a través del cual se busca aumentar la demanda por nuestra región mediante la inversión de casi cinco mil millones de pesos en promoción en los próximos tres años.

Mundialmente los destinos que consideran el pago de una tasa de entrada o impuesto al turista extranjero son aquellos destinos que se encuentran saturados y/o requieren de un control del número de visitantes para preservar las áreas protegidas, tal como sucede en las Islas Galápagos en Ecuador y Fernando de Noronha en Brasil.

Si bien Torres del Paine ha presentado un aumentado considerable en el número de visitantes en los últimos años, está lejos de ser considerado un destino saturado, lo cual además puede manejarse con otras medidas enfocadas en potenciar la redistribución de los visitantes, fomentando la visita en temporada baja y media.

Cabe destacar además, que esta medida tiene como fundamento el destinar esos fondos a la conservación y preservación de las Áreas Silvestres Protegidas, con lo cual se está buscando solucionar problemas de otras Instituciones, específicamente Conaf, que no han sabido llevar a cabo eficientemente la administración de estas áreas.

En nuestra región, como en todo Chile, se debe pagar una tarifa de acceso en cada Área Silvestre Protegida, siendo la más visitada de la región el Parque Nacional Torres del Paine, el cual considera un cobro de $18.000 al turista extranjero, tarifa que aumentará a partir de la próxima temporada a un valor de $21.000. En este sentido es importante mencionar que el P.N.

Torres del Paine genera anualmente alrededor de $2.500.000.000 solo por concepto de cobro de entradas (monto que aumentaría en al menos $500 millones más con el alza de tarifas) y sumando a eso el pago de concesiones ese monto supera los tres mil millones, sin embargo, solo se reinvierte en él menos del 20% de esos ingresos.

En consecuencia, la solución debiese venir por la descentralización de la gestión de esos recursos por parte de Conaf, más que considerar un pago extra a los turistas extranjeros que nos visitan, que por cierto representan más del 60% del total de turistas que llegan a la región, a diferencia de lo que sucede en el resto de Chile donde predomina el turista nacional.

Importante mencionar también que esta propuesta es de difícil o nula aplicación de acuerdo a la fórmula propuesta, ya que debemos considerar que gran parte de los turistas que visitan nuestra región pernoctan en más de un destino (Punta Arenas, Puerto Natales, Torres del Paine, entre otros), por ende no se podría definir cuál establecimiento debiese aplicar dicho cobro, siendo además muy perjudicial para pequeños hostales y residenciales (que representan un alto porcentaje de la oferta turística regional), cuyos precios fluctúan entre los $10.000 y $35.000 por noche, por lo cual considerar un cobro extra de USD 25 implicaría más que duplicar el costo por alojamiento en muchos casos.

Además, no discrimina con aquellos extranjeros que llegan a nuestra región por temas laborales, quienes también utilizan servicio de alojamiento, pero no necesariamente realizan turismo en la región.

Por los motivos expuestos, como sector consideramos que no se debe aplicar impuesto alguno a los turistas que visiten nuestra región, dado que con ello se está yendo en la dirección contraria a todos los esfuerzos realizados durante más de 10 años, tanto por el sector público como privado, en pos de aumentar el flujo de visitantes a lo largo de todo el año, aumentar las noches de permanencia en la Región y en definitiva hacer más competitivo nuestro destino.

El aplicar un impuesto solo se convertirá en una nueva desventaja y obstáculo adicional para romper la estacionalidad que caracteriza a esta región, debilitando de esta forma el desarrollo del turismo de invierno; así como también afectará el posicionamiento de otros destinos regionales, tales como Tierra del Fuego o Puerto Williams, por mencionar solo algunos, en los cuales el desarrollo turístico dista bastante de la realidad que presenta hoy Torres del Paine.

Si se considera derogar o limitar las Leyes de Excepción generaría un enorme impacto sobre nuestro sector, considerando que:

- Las bonificaciones a la mano de obra (889) es utilizada por gran parte de la industria turística.

- La Ley Austral, DFL 15 y Ley Navarino han sido fundamentales y un claro incentivo para el desarrollo de diversos proyectos turísticos (hoteles y alojamientos turísticos, cruceros de expedición, ferries de carga y pasajeros, naves de apoyo para los mismos, transportistas, entre otros) que generan actualmente un gran aporte a la economía local y al desarrollo del turismo, así como a la generación de puestos de trabajo. Dada nuestra lejanía de los centros productivos y logísticos del país, así como la muy acotada temporada turística de la zona, hacen inviable cualquier inversión hotelera/marítima de calidad sin el apoyo de leyes que generen beneficios tributarios, independientemente del tamaño de la inversión, y por tal motivo, limitar los beneficios tributarios que generan estas leyes pone en riesgo el desarrollo de esta industria.

Creemos que se necesita de un análisis más detallado del efecto y falencias que estas Leyes pueden tener para el desarrollo del sector, a fin de perseguir su modificación y adecuación a la realidad y objetivos actuales, pero no pretender su eliminación y con ello la creación de mecanismos con poco análisis en cuanto a su eficacia, forma de aplicación y resultados esperados.

En lo que se refiere a la metodología utilizada en la elaboración de esta propuesta, se observan varias falencias que a continuación se detallan:

a) Este Estatuto parte de una posición en su esencia cuestionable. En su punto nº 1 plantea que “El Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas contempla la revisión de las leyes de excepción, con miras a que sus beneficios favorezcan a todos los habitantes y no solamente a las empresas”, con lo cual parece olvidarse que a través de la instalación de empresas se beneficia a todos los habitantes del territorio, ya que sin duda eso ha ayudado, y seguirá haciéndolo, a la generación de nuevos y mejores empleos.

Por otra parte, consideramos que las actuales Leyes de Excepción no han sido antojadizas, si no que han sido fruto de estudios y experiencias, logrando sobrevivir muchas de ellas en el tiempo, dada su eficiencia en el caso del turismo al menos, y que más que un subsidio creemos que han venido a ser más una política de compensación, dada las diferencias de costos y mercados involucrados en los procesos productivos en comparación con la zona central de nuestro país.

Por lo que sugerimos como sector que en vez de intentar recortarlas, planteemos la necesidad de incorporar nuevos instrumentos y mayores recursos que colaboren en la instalación de nuevas empresas y potencien a las ya existentes, como por ejemplo reincorporar a través de Corfo el subsidio al activo fijo para micro y pymes, instrumento que genera un aporte del 20% a iniciativas de construcción o implementación, el cual a su vez es rápidamente recuperado por el Estado por intermedio del IVA y/o de Impuestos.

b) Para analizar el beneficio e impacto que ha tenido la aplicación de estas Leyes en el desarrollo de la Región se basa en gran parte a los resultados del estudio de BID del año 2007, es decir, resultados con una antigüedad que le hacen perder validez.

Junto con esto, este estatuto no muestra un análisis reciente y claro respecto al beneficio que reciben específicamente las empresas del rubro turístico emplazadas en esta zona, sino que se observa únicamente un análisis general del beneficio, segmentando solamente por el tamaño de las empresas (utilizando una medición de pyme distinta a la del SII) y número de empresas beneficiadas. Por este motivo estimamos que eliminar o modificar estos beneficios sin un análisis acabado del impacto que han tenido de acuerdo a cada industria y sector productivo parece apresurado y contraproducente.

Además, tampoco se hace mención a la importancia geopolítica que estas leyes han tenido en la instalación de empresas en la zona, las que sin duda han aportado con desarrollo, progreso, trabajo, infraestructura, entre otros beneficios; sino que se basa solamente en un análisis económico de los beneficios.

c) Esta propuesta presenta más bien un compendio o resumen de opiniones de las personas y entes consultados, recogiendo opiniones en muchos casos con visiones muy particulares, sin considerar antecedentes históricos ni prácticos de lo existente y de lo propuesto. Carece además de un análisis más profundo de la justificación de dichas propuestas y de las consecuencias y posibles resultados que resultaría de aplicar dichas propuestas.

Es decir, considera resultados sesgados y sin un análisis estadístico ni econométrico de la aplicación de las modificaciones planteadas, proponiéndose desmantelar totalmente el abanico de herramientas de fomento existentes y no crea en su reemplazo otras que parezcan ser más eficientes para el logro de lo que se persigue, el Desarrollo de la Región.

d) Para el caso de las propuestas realizadas para nuestro sector cabe destacar que nueve de las diez observaciones identificadas hablan de ampliar beneficios al turismo y solo una hace referencia a crear impuestos al turista.

En este sentido no entendemos el por qué la comisión de trabajo concluye en la propuesta de solo dos instrumentos en el caso del turismo, los que por una parte solo benefician a una única provincia de esta vasta región y por la otra en lugar de generar beneficios al sector, puede llegar a convertirse en una barrera de entrada y en una amenaza a la capacidad competitiva de nuestra región con el resto del país y con los destinos en la Patagonia Argentina, poniendo un candado a las pretensiones, tanto del sector público como del privado, de potenciar el desarrollo de la industria del turismo y extenderla a toda la región, como adicionalmente, llevarla a ser efectivamente productiva una mayor cantidad de meses en el año.

Además, plantea dos herramientas que se pueden llegar a anular entre sí mismas en términos de efecto en las arcas fiscales, materia que origina la revisión de las leyes de excepción.

De esta manera consideramos que las dos propuestas indicadas en el punto 39 del Estatuto para el Desarrollo de Magallanes y Antártica Chilena contravienen a lo opinado por la mayoría de los proponentes y además no consideran instrumentos reales de fomento al turismo, si no que por el contrario, crea barreras y desincentivo al desarrollo de inversiones para la industria turística.

e) Por último observamos una premura injustificada en aprobar esta propuesta, considerando que estas Leyes tiene una validez de al menos 10 años más, lo cual implica que todas las empresas beneficiadas por estas Leyes seguirán estándolo mientras duren los plazos estipulados para cada caso en particular.

En base a esto, no existe razón justificada para apurar la aprobación de esta propuesta, ya que existe un plazo más que suficiente para trabajar y mejorar esta propuesta.

Al mismo tiempo, es importante mencionar que para lograr el éxito del Plan Especial de Desarrollo Zonas Extremas, junto con la revisión de estas Leyes, será fundamental potenciar aún más mejoras en infraestructura y conectividad regional, puntos críticos a la hora de poder proyectarnos para el futuro. En este sentido destacamos dos proyectos emblemáticos como lo son la “Senda de penetración Vicuña – Yendegaia”, camino que abriría definitivamente una segunda ruta turística alternativa a Torres del Paine y daría auge a Tierra del Fuego en su conjunto, permitiendo además incorporar al circuito turístico a Isla Navarino e islas aledañas y potenciar a Punta Arenas como centro logístico neurálgico del turismo regional; y el “Camino a Cabo Froward”, cuya apertura generará un nuevo frente turístico y un nuevo atractivo para la provincia de Magallanes, aumentando la oferta de atractivos del día para el turista de crucero y fomentando la extensión de la estadía en Punta Arenas.

Es por ello que proponemos generar un trabajo conjunto con un plazo más acorde a los análisis requeridos para mejorar esta propuesta y consensuar qué otras herramientas se requieren para lograr un pleno, rápido y adecuado desarrollo de la actividad, de manera de conseguir que la Región toda sea un destino atractivo al visitante, que lo incentive a permanecer en ella un tiempo más prolongado, que le ofrezca una gran variedad de destinos naturales con accesos a su alcance y con una red de servicios que le permitan desfrutar adecuadamente de estos.

Ello solo se logrará cuando los potenciales prestadores dispongan de herramientas que les permitan asumir el desafío de crear los servicios con la seguridad de que el Estado los acompañará, en especial los primeros años, en que los flujos serán inicialmente exiguos y que es lo que ha inhibido un mayor y más acelerado desarrollo.

Creemos firmemente que las proposiciones planteadas en el “Estatuto para el Desarrollo de Magallanes y Antártica Chilena” apuntan en la dirección totalmente opuesta, por lo cual es perentorio un trabajo y análisis más profundo, que permita medir el real impacto de un posible cambio, en el bien entendido que lo que se pretende es fomentar el desarrollo de la Región mediante una actividad turística sustentable y productiva de manera tal que sea una muy buena fuente de actividad económica mediante la generación de buenos y más empleos.